Derecho de Familia · Internacional

¿Cómo ejecutar una pensión de alimentos extranjera en España?

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Cuando una persona dispone de una sentencia extranjera que reconoce una pensión de alimentos, pero el obligado al pago reside o tiene bienes en España, surge una cuestión fundamental: ¿cómo conseguir que esa resolución se cumpla?

Esta situación es frecuente en familias internacionales. Tras una separación o divorcio, uno de los progenitores puede trasladarse a Mallorca, Ibiza u otro lugar de España y dejar de atender las obligaciones económicas establecidas por un tribunal extranjero.

¿Es necesario iniciar un nuevo procedimiento judicial? ¿Puede reclamarse la pensión impagada ante los tribunales españoles? ¿Es posible solicitar el embargo de sus cuentas bancarias o de su salario?

La respuesta dependerá de las circunstancias de cada caso. Sin embargo, existen mecanismos de cooperación judicial internacional que permiten solicitar en España el cumplimiento de resoluciones dictadas en otros países, sin necesidad, en muchos supuestos, de volver a discutir la obligación alimenticia ya reconocida.


Reclamación

¿Se puede reclamar en España una pensión de alimentos reconocida en el extranjero?

El hecho de que una pensión de alimentos haya sido establecida por un tribunal extranjero no impide, por sí solo, reclamar su cumplimiento en España.

Por ejemplo, si un tribunal alemán o británico ha condenado a un progenitor a abonar una pensión mensual y este reside actualmente en Ibiza, pueden existir vías legales para reclamar las cantidades impagadas ante los tribunales españoles.

No obstante, disponer de una sentencia favorable no significa que pueda ejecutarse automáticamente en cualquier país.

Antes de iniciar la reclamación, será necesario determinar qué normativa resulta aplicable, si la resolución reúne los requisitos exigidos para producir efectos en España y qué procedimiento debe seguirse.

La finalidad no es necesariamente obtener una nueva sentencia sobre la pensión, sino conseguir que la obligación ya reconocida pueda hacerse efectiva.


Normativa

¿Qué normativa regula la ejecución de sentencias extranjeras de alimentos?

La reclamación internacional de pensiones de alimentos se encuentra regulada por distintos instrumentos jurídicos, cuya aplicación depende principalmente del país donde se dictó la resolución.

Entre los más relevantes se encuentran los siguientes.

Reglamento (CE) n.º 4/2009, de 18 de diciembre de 2008. Regula la competencia judicial, la ley aplicable, el reconocimiento y ejecución de resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos dentro de su ámbito de aplicación en la Unión Europea.

Este reglamento facilita la circulación de resoluciones judiciales entre Estados miembros, aunque contempla distintos mecanismos según el régimen jurídico aplicable a la resolución de origen.

Convenio de La Haya de 23 de noviembre de 2007 sobre Cobro Internacional de Alimentos para los Niños y otros Miembros de la Familia. Establece mecanismos de cooperación entre los Estados contratantes para facilitar el reconocimiento y ejecución de resoluciones de alimentos, especialmente cuando el acreedor y el deudor residen en países diferentes.

Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil. Regula, entre otras cuestiones, el reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras en España, cuando no resulte aplicable un instrumento europeo o internacional preferente.

La existencia de estos mecanismos no significa que todas las sentencias extranjeras sigan el mismo procedimiento. Precisamente, identificar correctamente la normativa aplicable es uno de los aspectos fundamentales de cualquier reclamación internacional de alimentos.


Procedimiento

¿Qué circunstancias determinan el procedimiento que debe seguirse?

Además del país de origen, existen otros factores que pueden condicionar la reclamación.

La fecha de inicio del procedimiento judicial extranjero puede resultar relevante cuando se han producido cambios normativos o existen regímenes transitorios.

También deberá examinarse la naturaleza de la resolución, su eficacia en el país de origen y, cuando corresponda, si reúne los requisitos para ser reconocida o ejecutada en España.

Otro aspecto importante es la situación del obligado al pago: dónde reside, si trabaja en España y si dispone de cuentas bancarias, inmuebles u otros bienes sobre los que eventualmente pudiera dirigirse la ejecución.

Finalmente, será necesario determinar las cantidades pendientes, comprobar los pagos efectuados y valorar los plazos legales que puedan afectar a la reclamación.

Estas cuestiones permiten identificar la vía adecuada y evitar actuaciones que no se correspondan con las características de la resolución extranjera.


Conceptos clave

Reconocimiento, exequátur y ejecución: ¿qué diferencias existen?

Aunque estos conceptos están relacionados, conviene distinguirlos.

El reconocimiento permite que una resolución dictada por un tribunal extranjero produzca determinados efectos jurídicos en España.

El exequátur es un procedimiento judicial mediante el cual se solicita el reconocimiento de una resolución extranjera y, cuando corresponde, la autorización para ejecutarla. Su finalidad no es volver a juzgar el conflicto familiar, sino comprobar que concurren los requisitos legalmente exigidos.

La ejecución forzosa, en cambio, persigue conseguir el cumplimiento efectivo de la obligación reconocida, pudiendo incluir medidas como el embargo de bienes o ingresos del deudor.

No todas las resoluciones extranjeras necesitan tramitar un exequátur. Determinados instrumentos internacionales permiten solicitar directamente la ejecución o establecen procedimientos específicos de reconocimiento y declaración de fuerza ejecutiva.

Por ello, el trámite necesario debe determinarse en función de la normativa aplicable a cada resolución.


Brexit

El Brexit: un ejemplo de la importancia de identificar la normativa aplicable

La salida del Reino Unido de la Unión Europea constituye un ejemplo de cómo las circunstancias de una resolución pueden condicionar su ejecución en España.

Antes de finalizar el período transitorio del Brexit, las resoluciones británicas en materia de alimentos podían quedar comprendidas en el ámbito del Reglamento (CE) n.º 4/2009.

El Acuerdo de Retirada del Reino Unido de la Unión Europea estableció disposiciones transitorias que permiten continuar aplicando determinadas normas europeas a resoluciones derivadas de procedimientos judiciales iniciados antes del 1 de enero de 2021.

Para procedimientos posteriores, generalmente deberá examinarse la aplicación del Convenio de La Haya de 2007 sobre cobro internacional de alimentos.

Esta diferencia puede afectar al procedimiento de reconocimiento y ejecución, así como a la documentación necesaria.

Por tanto, dos resoluciones británicas que reconocen obligaciones alimenticias similares pueden quedar sometidas a regímenes jurídicos distintos, dependiendo de cuándo se inició el procedimiento judicial del que proceden.

El Brexit demuestra que no basta con conocer el país donde se dictó una sentencia: también puede resultar decisivo examinar el contexto jurídico y temporal en el que se produjo.


Caso práctico

Caso práctico: la Sra. Amapola y una pensión de alimentos británica

Imaginemos el caso de la Sra. Amapola, residente en Reino Unido, que dispone de una sentencia dictada por un tribunal inglés por la que se obliga al padre de su hijo a abonar una pensión mensual de alimentos.

Tiempo después, el padre se traslada a Ibiza, donde establece su residencia habitual, y deja de pagar la pensión.

La Sra. Amapola se encuentra entonces con un problema: tiene una sentencia favorable, pero el obligado al pago ya no reside en Reino Unido.

¿Significa esto que debe iniciar un nuevo procedimiento judicial en España para conseguir otra sentencia?

No necesariamente.

Lo primero será estudiar la resolución inglesa, comprobar cuándo se inició el procedimiento judicial y determinar qué instrumento internacional resulta aplicable.

Una vez identificada la vía adecuada, podrán iniciarse los trámites correspondientes para solicitar que la resolución pueda hacerse cumplir en España.

Si el padre continúa sin pagar voluntariamente, podrán solicitarse las medidas judiciales que procedan para reclamar las cantidades pendientes, incluyendo, cuando resulte posible, el embargo de sus bienes o ingresos en Ibiza.

Por tanto, aunque la madre y el hijo continúen residiendo en Reino Unido, la existencia de un deudor establecido en España puede permitir acudir a los mecanismos de cooperación judicial internacional para reclamar el cumplimiento de la obligación alimenticia.

Este ejemplo refleja una situación habitual en el Derecho de Familia Internacional: una resolución judicial dictada en un país que debe hacerse cumplir en otro porque el deudor ha trasladado allí su residencia o su patrimonio.


Cantidades

¿Qué cantidades pueden reclamarse en España?

La reclamación puede comprender las pensiones de alimentos vencidas e impagadas, así como los atrasos acumulados durante el período de incumplimiento.

Dependiendo de lo establecido en la resolución y de la normativa aplicable, también podrán reclamarse actualizaciones de la pensión, intereses y determinadas costas judiciales.

Las costas judiciales son gastos derivados de un procedimiento que un tribunal puede imponer a una de las partes, como determinados honorarios profesionales y gastos procesales.

Si el tribunal extranjero ha condenado al deudor a asumir estos gastos, deberá analizarse si también pueden reclamarse en España y bajo qué condiciones.

En cualquier caso, será importante calcular correctamente la deuda, acreditar las cantidades pendientes y comprobar los plazos legales aplicables.


Embargo

¿Qué bienes pueden embargarse si el deudor reside en Mallorca o Ibiza?

Una vez que la resolución extranjera pueda ejecutarse en España, podrán solicitarse las medidas previstas en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para intentar obtener el pago de las cantidades adeudadas.

Entre ellas se encuentra el embargo de cuentas bancarias, salarios, determinados ingresos profesionales, bienes inmuebles y otros derechos patrimoniales del deudor.

Por ejemplo, si el progenitor obligado al pago trabaja en Ibiza y dispone de cuentas bancarias españolas, podrán solicitarse actuaciones judiciales dirigidas a localizar sus bienes e ingresos y, cuando proceda, obtener su embargo.

Las obligaciones alimenticias presentan, además, particularidades en materia de embargo de salarios, por lo que deben examinarse las reglas específicas previstas en la legislación procesal española.

La posibilidad de adoptar estas medidas y su eficacia dependerán de las circunstancias del procedimiento y de la situación patrimonial del deudor.


Documentación

¿Qué documentación se necesita para ejecutar una sentencia extranjera de alimentos?

La documentación dependerá del país de origen y del instrumento jurídico aplicable.

Habitualmente será necesario aportar la resolución judicial extranjera, los certificados oficiales exigidos por el reglamento o convenio correspondiente y, cuando proceda, la acreditación de que la sentencia puede ejecutarse en el país donde fue dictada.

También será conveniente disponer de una relación detallada de las cantidades reclamadas y de los pagos realizados.

En este contexto, pueden surgir dudas sobre la apostilla de La Haya y la traducción jurada.

La apostilla es una certificación que acredita la autenticidad de la firma o sello de una autoridad pública extranjera, facilitando la utilización del documento en otro país. Sin embargo, no siempre resulta exigible, ya que determinados reglamentos europeos y convenios internacionales dispensan de este requisito.

La traducción jurada, por su parte, es una traducción realizada por un profesional oficialmente habilitado que certifica su fidelidad al documento original. Puede resultar necesaria cuando la resolución o los documentos complementarios están redactados en otro idioma.

Comprobar estos requisitos antes de iniciar la reclamación permite evitar retrasos y gastos innecesarios.


Asesoramiento

Asesoramiento jurídico en Mallorca e Ibiza

La movilidad internacional de las familias hace cada vez más frecuente que una sentencia dictada en un país deba cumplirse en otro.

Cuando el obligado al pago de una pensión de alimentos reside o dispone de bienes en España, existen mecanismos legales que pueden permitir reclamar las cantidades pendientes, aunque la resolución judicial proceda del extranjero.

Sin embargo, cada situación requiere un análisis individualizado para determinar qué procedimiento debe seguirse, qué documentación será necesaria y qué posibilidades existen de obtener el cobro.

En Frau Legal, despacho de abogados en Mallorca, ofrecemos asesoramiento en Derecho de Familia Internacional, incluyendo el reconocimiento y ejecución en España de resoluciones judiciales extranjeras.

Frau Legal · Derecho de Familia Internacional

¿Tiene una sentencia de alimentos que ejecutar en España?

Si dispone de una sentencia extranjera que reconoce una pensión de alimentos y el obligado al pago reside o tiene bienes en Mallorca, Ibiza o el resto de España, el equipo de Frau Legal puede estudiar su caso y asesorarle sobre las vías legales disponibles para reclamar las cantidades adeudadas.

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